Nos dirigimos a Uds., considerando:
- Los registros de pobreza e indigencia que indican el grado de violencia económica que injustificadamente viven millones de compatriotas. Como es público, luego de la pandemia, los índices de recuperación de la actividad económica y el empleo no se han traducido en la correspondiente mejora de los ingresos reales de la mayoría de las familias como consecuencia de decisiones que priorizan intereses minoritarios.
- La necesidad de una profunda renegociación del inviable e inflacionario acuerdo de facilidades extendidas con el FMI que se ha agravado por las consecuencias de la sequía. Como también la alarma originada en una injustificada demora y condiciones de ese organismo para dar una respuesta positiva a las gestiones en ese sentido, que genera una alarma que deriva en una mayor presión al alza de los precios.
- La magnitud de la actual crisis de representación, creciente incertidumbre y las maniobras devaluacionistas de sectores empresarios oligopólicos y financieros especulativos.
- La evidencia de la insuficiencia de las medidas anunciadas a mediados de este mes para contener la inflación, prevenir un “golpe de mercado”, recuperar ingresos reales de las familias y sostener el mercado interno consolidando la reactivación económica y del empleo.
Todo ello demanda acciones impostergables que no pueden sujetarse al actual proceso electoral en cuanto a:
- Precios relativos e ingresos reales. Objetivo: quebrar el proceso de inercia inflacionaria que, entre sus causas, también destaca una creciente indexación de la economía. No es concebible que con los recursos de nuestro país los precios de exportación dolarizados arrastren a los precios locales, en tanto los costos y poder adquisitivo de la población son en pesos. Proponemos durante el mes de junio un aumento general de salarios e ingresos reales de las familias junto a un congelamiento de precios por un plazo de tres meses, prorrogable a seis. Estas decisiones deben adoptarse al mismo tiempo que las descriptas a continuación.
- Restricción externa. Objetivo: Perfeccionar la administración de las reservas en dólares. No hacerlo agravó y agrava la carencia de las divisas necesarias para el funcionamiento de la economía, como la importación de bienes que no se producen y servicios que no se brindan en el país para el desarrollo de las actividades productivas y garantizar servicios esenciales para la población. Proponemos constreñir en la emergencia el acceso a la compra de divisas al Banco Central para la cancelación de deudas privadas. Y agravar las penas por delitos de contrabando (sobrefacturación de importaciones y subfacturación de exportaciones), de modo progresivo en función del tamaño de la empresa que lo comete, junto al reforzamiento de los controles sobre los precios de transferencia.
- Déficit cuasi-fiscal. Objetivo: reducir su crecimiento y revertir la carencia de inversión suficiente para consolidar la recuperación de la actividad productiva. Actualmente, para evitar que los pesos se vayan al dólar se inmovilizan mediante instrumentos monetarios como las Leliqs, notaliqs, pases pasivos u otros en el Banco Central pagando tasas de interés cada vez más altas, que agravan la inercia inflacionaria. Proponemos acordar una batería de medidas que resuelva el problema de la acumulación de instrumentos de absorción monetaria, se contraponga a la especulación financiera y permita el restablecimiento del crédito al sector privado de corto plazo.
Al realizar estas propuestas tenemos presentes la emergencia obligada por la pandemia, las consecuencias económicas y financieras derivadas de la guerra en Europa, las más recientes de una sequía, que obligó a la declaración de la emergencia agropecuaria (Dec.193/2023). Se corresponden con la necesidad de reconocer la existencia de una encrucijada crítica económica y social particularmente en materia alimentaria, cambiaria y de reestructuración de la deuda pública coherente con los resultados del informe producido por la Auditoría General de la Nación. Las medidas necesitan incluir:
Ingresos reales de las familias. Proponemos disponer un aumento de emergencia – para las y los trabajadores con o sin empleo registrado, activos y jubilados – previa consulta con el movimiento sindical y las representaciones de las y los trabajadores de la denominada economía popular, teniendo como referencia la Canasta Básica Total (Indec). En relación a su modalidad consideramos que la determinación de una suma fija, adecuadamente reglamentada, coadyuvará a la negociación paritaria de las escalas salariales de los distintos convenios colectivos de trabajo.
Emergencia Alimentaria. Proponemos, como antes señalamos, el congelamiento de precios por un plazo de tres meses, prorrogable a seis, y la reestructuración del programa “Precios Justos” con el fin de neutralizar la incidencia determinante y abusiva de las empresas oligopólicas en particular de los alimentos y productos de limpieza. Esta reestructuración debe regular el desacople de los precios internos de los externos. El seguimiento de la medida debe hacerse en base a la legislación existente (Ley 27442 de Defensa de la Competencia, Ley 24240 de Defensa del Consumidor, Ley 26991 de “Las nuevas relaciones de producción y de consumo”, antes de abastecimiento) prácticas desleales y/o anti-competitivas de «posición dominante” que ahondan peligrosamente desequilibrios económicos y sociales (1).
Toda la estructura del Estado debe estar a disposición para garantizar el adecuado aprovisionamiento alimentario de la población, monitoreando el correcto funcionamiento de los canales de producción y comercialización, o reemplazándolos en el caso de que no puedan o quieran cumplir adecuadamente su función.
El Estado debe prevenir y evitar eficazmente contra toda situación de desabastecimiento, ya que el derecho a la alimentación, en el marco de la soberanía y seguridad alimentaria, constituyen un derecho humano del que no se puede privar a nadie.
Emergencia Cambiaria: Proponemos que mediante un Decreto del Poder Ejecutivo se reduzcan al máximo los plazos de liquidación de las exportaciones, así como los pagos de importaciones que deben ser justificados ante el BCRA y la recientemente constituida Unidad de Seguimiento, Trazabilidad y Promoción de las Operaciones de Comercio.
La reglamentación debe prever la clara determinación de prioridades y un sistema claro, eficiente, transparente y recurrible, con el acceso público a la información y seguimiento de todos los tramites que se realicen, incluidas las solicitudes ante el Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA) así como la estricta prohibición y penalización mediante la Ley Penal Cambiaria (Ley 19359) de operaciones/transacciones en moneda extranjera en todos los segmentos del mercado interno.
Como antecedente de la medida a adoptar citamos el decreto 2581/64, vigente entre 1964 y 1991, derogado durante el período de la convertibilidad, y restablecido en forma parcial por el decreto 1601/01, a su vez fue dejado sin efecto por el Gobierno de Juntos por el Cambio de Mauricio Macri (2015/19), para volver a introducir el control de cambios al final de su mandato (Dec.609/2019).
Reducción del Déficit Cuasi fiscal e Inversión: Proponemos se adopten medidas para una salida ordenada elevando paulatinamente encajes no remunerados y transformando progresivamente en cuotas la masa de Leliq/notaliq en crédito constituyendo un stock remunerado, a un plazo de un año y a una tasa mensual variable similar a la tasa pasiva promedio. De este modo y a una tasa regulada por el Banco Central se transformaría en inversión en obra pública, construcción de viviendas y en el restablecimiento de segmentos a determinar de demanda privada.
Reestructuración de la Deuda Pública: Proponemos reclamar enérgicamente la aprobación de proyectos de ley, ya en consideración en el Congreso de la Nación, como ser el de creación de un fondo en dólares para el pago al FMI en base al ingreso de penalizaciones por el reconocimiento por sus titulares de fondos en el exterior no declarados al fisco; el de limitar el accionar especulativo de «fondos buitre» tomando como base posiciones de Argentina en foros internacionales; el que hace a la liberación del secreto fiscal, bursátil y financiero para ubicar e investigar personas y empresas sospechadas de evasión y/o lavado vinculados con la fuga de capitales.(2)
En relación a lo expuesto, es más que obvio que es exigible una mayor sofisticación y severidad en el accionar de la AFIP y la UIF (Unidad de Información Financiera) para restringir al máximo la evasión y elusión impositiva, así como la estricta aplicación de la legislación penal en materia tributaria y lavado de activos. Allí también están los dólares que faltan.
Por lo mismo, es necesario fortalecer las capacidades estatales para regular prácticas recurrentes de los grupos económicos que afectan a la economía en diversos planos (formación de precios relativos, fuga de capitales, y la mencionada evasión o elusión fiscal, entre otros). En este sentido, es oportuno recordar nuestra propuesta (2) de inclusión de la figura jurídica del grupo económico en la
Ley General de Sociedades- ya que actualmente no está contemplada- así como el establecimiento de deberes de información que permitan su regulación.
Finalmente consideramos que las fuerzas del trabajo y la producción nacionales necesitan focalizarse en lo inmediato en estas cuestiones básicas para que esta coyuntura complicada que atraviesa nuestra economía no sea utilizada por quienes pretenden eliminar derechos de los trabajadores para lograr transformaciones permanentes contra el nivel de vida del pueblo argentino.
Quedamos a vuestra disposición para ampliar personalmente, resaltando que no es posible, por los riesgos implícitos, postergar la adopción de medidas con la orientación señalada. Sin más, agradecemos vuestra atención y los saludamos atentamente
FORO ECONOMÍA Y TRABAJO
Ricardo Aronskind, Juan Pablo Costa, Raúl Dellatorre, Marcelo Di Ciano, Marisa Duarte, Roberto Feletti, Cecilia Garriga, Agustina Haimovich, Santiago Mancinelli, Pablo Manzanelli, Jorge Marchini, Felisa Miceli, Tomás Raffo Horacio Rovelli, José Sbatella
Coordinación Foreyt: Vicente Álvarez, Eduardo Berrozpe
Notas : (1) “La deuda no puede mandar” https://drive.google.com/file/d/1cW1dkeeBhUsXBKPQfAU2OtkHXE1a2bEr/view?usp=share_link
(2) Quebrar la inercia inflacionaria https://drive.google.com/file/d/1lx6-NqR4-UlgTWVp4ZEW5cNJgb1VKx2s/view?usp=share_link